Artículos:

El objeto de este comentario es la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2018 que estima un recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada. El caso trae causa de la demanda presentada por la Asociación de Usuarios de Banca y Bolsa (AUGE), en interés de sus asociados Mario y Bárbara, y dirigida frente a Banif (en la actualidad Banco de Santander). Estos dos asociados celebraron en 2006 un contrato de gestión discrecional de cartera de inversión con la citada entidad financiera, y en el curso de esta relación adquirieron, entre diciembre de 2006 y febrero de 2008, diez productos financieros, consistentes en tres paquetes de acciones que cotizaban en Bolsas extranjeras y siete bonos estructurados, por un precio total de casi cuatro millones de euros. La demanda incluía distintas pretensiones, pero, tras desistir de algunas, se solicitaba la declaración de nulidad de las adquisiciones de los productos financieros referidos, por error en el consentimiento causado por la información y el asesoramiento defectuosos del asesor de la entidad demandada, que propició el desconocimiento de elementos esenciales de los productos adquiridos y de sus riesgos; y además se reclamó la cantidad de casi 2.750.000 euros por las pérdidas sufridas por Mario y Bárbara.

El pasado martes, 11 de diciembre, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba el informe de la ponencia de la Comisión de Economía y Empresa del Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Hoy me centraré sólo en un punto concreto del mismo, en la regulación que dicho texto hace del vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios que las entidades bancarias conceden a los consumidores. Y ello, por las novedades que contiene el informe sobre el texto del proyecto de ley inicialmente publicado y por la relevancia de los cambios que dicho proyecto de ley introduce sobre la regulación actual de esta figura jurídica, tan polémica, mediática y judicialmente hablando, durante los últimos cuatro años.

“Cuando los fondos se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares solo se embargará la parte correspondiente al deudor”. Así comienza la adición que el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha tenido en virtud de la Disposición Final Segunda de la Ley 3/2018 de 11 de junio. Dicho artículo que anteriormente se denominaba “Nulidad de embargo indeterminado” cambia también su rúbrica anterior que pasa a denominarse “Nulidad de embargo indeterminado. Embargo de cuentas corrientes abiertas en entidades de crédito”, y se le añaden los números 3 y 4, que más adelante comentamos.

La sentencia 671/2018 aborda por primera vez la abusividad de los intereses de demora en préstamos concertados con consumidores después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre esta materia.

Publicado por la editorial Dykinson en su colección “Biblioteca Práctica Procesal” ha salido a la luz un nuevo libro escrito en el marco del compromiso de Adarve en promover la reflexión, el debate y la difusión de las parcelas del ordenamiento jurídico sobre las que se proyecta nuestra actividad diaria.